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Diario del Altiplano

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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN ANALIZARÁ GASTOS DE LOS RAMOS 28 Y 33

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*Correspondientes a la cuentas públicas del 2015

*También analizará algunas cuentas en conjunto con la ASE

La Auditoría Superior de la Federación, llevará a cabo en días próximos el análisis de los ramos 28 y 33 de algunas de las cuentas públicas locales correspondientes al ejercicio fiscal del 2015, según lo dio a conocer el Auditor Superior en el estado, C.P.C., José de Jesús Martínez Loredo.

Explicó que los organismos que serán fiscalizados fueron elegidos por la propia Auditoría Federal, y en total serán 12 entes los que se estarán analizando de forma directa, además de 17 auditorías que se realizarán de forma coordinada con la Auditoría Superior de San Luis Potosí.

Martínez Loredo, dijo que para el caso de las auditorías directas se enviaron notificaciones a los ayuntamientos de Aquismón, Matlapa, San Luis Potosí, Tamazunchale y Xilitla, en donde se analizarán los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territorales del Distrito Federal.

Mientras que en lo que respecta a las auditorías coordinadas, se notificó a los municipios de Axtla de Terrazas, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, Guadalcázar, Rioverde, Tamasopo, Tampamolón Corona, Tancanhuitz, Tanlajás y Villa de Ramos.

El Auditor Superior del Estado, señaló que “este programa especial de análisis de las cuentas públicas, es una extraordinaria oportunidad para fortalecer el trabajo que se realiza en todas las auditorías de los estados, de nuestra parte ya hemos enviado nuestra propuesta de 30 auditores locales para ponerlos a consideración de la federación”.

“Estamos en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta con la Auditoría de la Federación, y ya nos hemos puesto en contacto con ellos para determinar cuáles son las acciones y la metodología que se habrá de implementar en las auditorías, que aunque serán de fondo es solo una parte la que se estará analizando”.

Sobre el resto del análisis de las cuentas públicas, el funcionario estatal, señaló que aún se encuentra en proceso de investigación, por lo que es prematuro dar a conocer datos o situaciones específicas sobre las inconsistencias detectadas, sin embargo puntualizó que se lleva un gran avance en el trabajo y como siempre se estará cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de los informes finales.

URGENTE REANUDAR SERVICIO DE HEMODIÁLISIS EN SERVICIOS DE SALUD DE GOBIERNO Y EN EL HOSPITAL CENTRAL

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En sesión ordinaria el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los Servicios de Salud de Gobierno del Estado y del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” que implementen las acciones necesarias y tendientes a reanudar el servicio de hemodiálisis en dicho nosocomio, a fin de que los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica tengan una opción de tratamiento más accesible y asequible.

Debido a que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un tema de salud en el que debemos poner especial cuidado, porque un gran número de los pacientes con esta enfermedad son de escasos recursos y el tratamiento de hemodiálisis (el cual no cura, sólo estabiliza la salud y prolonga la vida) es largo y costoso. Y el Hospital Central ha suspendido el tratamiento de hemodiálisis en razón de que el recurso con el que contaban para pagar al proveedor que prestaba el servicio era muy poco y dicho nosocomio era la mejor opción para los pacientes que deben llevar un tratamiento adecuado, por lo que es necesario y urgente que la Administración Pública Estatal implemente las acciones necesarias para reanudar el servicio en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

En el punto de acuerdo aprobado se señala que en San Luis Potosí el costo de la hemodiálisis es hasta de $2,200 pesos por sesión en hospitales particulares. Ahora bien, específicamente en el Hospital Central, órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Gobierno del Estado, los usuarios por una sesión de hemodiálisis pagan alrededor de $950.00 pesos, eso quiere decir que si el enfermo necesita, como se recomienda, tres sesiones a la semana de cinco horas cada una, o al menos dos para permanecer en condiciones medianamente aceptables, requiere de $1,900.00 pesos a la semana, o sea $7,600.00 pesos mensuales (haciendo el cálculo para dos sesiones), que no es poco, pero más accesible que pagar $12,000 pesos en clínicas particulares y es lamentable ver que algunos pacientes acudan a su tratamiento sólo cuando cuentan con los recursos necesarios para costearlo.

Se puntualiza que la Insuficiencia Renal Crónica es un proceso fisiopatológico multifactorial de carácter progresivo e irreversible que frecuentemente lleva a un estado terminal, en el que el paciente requiere terapia de reemplazo renal (TRR), es decir diálisis o trasplante para poder vivir. La causa u origen del padecimiento en el 50% de los casos es la diabetes mellitus.

Las opciones de tratamiento para los pacientes son, el trasplante renal, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal; en el caso de la hemodiálisis, se utiliza un circuito extracorpóreo para eliminar sustancias tóxicas y exceso de líquido.

La hemodiálisis debe ser iniciada el momento en el que todavía hay función renal residual suficiente, como para que no haya una uremia manifiesta (exceso de urea en la sangre). Actualmente las técnicas de hemodiálisis siguiendo un régimen de cinco horas, tres veces por semana, solamente alcanzan una depuración equivalente a 20 ml/min en un individuo de 70 kg.

En el Estado, hay diversas opciones para los pacientes con IRC a fin de llevar un tratamiento de hemodiálisis adecuado. Las personas de más escasos recursos acudían al Hospital Central a tomar su tratamiento, en ocasiones subsidiados en parte por instituciones públicas de apoyo social, como los Sistemas DIF, por ejemplo.

EXHORTO AL GOBIERNO PARA QUE DECRETE COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA LAS GRUTAS DE CATEDRAL Y EL ÁNGEL EN RIOVERDE

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Fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo del legislador Héctor Mendizábal Pérez para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que con base en los estudios respectivos considere decretar como Área Natural Protegida Estatal “las Grutas de la Catedral y el Ángel” ubicadas en el Ejido de Alamitos en el municipio de Rioverde.

El beneficio que persigue el presente punto de acuerdo, el cual cuenta con el aval de los habitantes y autoridades ejidales del lugar que desde octubre del 2014 se constituyeron como cooperativa, es el de proteger y preservar el equilibrio ecológico a través de la implementación de planes de manejo tendientes a sustentar la conservación de estos hábitats como espacios de acercamiento con la naturaleza e ideales para el turismo sustentable, el esparcimiento y la educación ambiental.

En el punto de acuerdo aprobado se señala que en el año de 1978 fueron descubiertas en el territorio potosino las grutas de “la Catedral y el Ángel” dentro del ejido “Alamitos” en el municipio de Rioverde, monumento natural que se describe como un impresionante y majestuoso complejo rocoso subterráneo, cuyo interior alberga estalagmitas, estalactitas, formaciones cristalinas y columnas conformadas a través de los siglos, asemejando una inmensa catedral, lo anterior dentro de un área de tipo forestal y de clima templado, donde habitan importantes especies de fauna consideradas por la Norma Oficial Mexicana bajo algún tipo de estatus como son las siguientes: Alicante – Masticophis flagellum- Amenazada; Cincuate - Pituophis deppei- Amenazada; Coralillo – Micrurus fulvius – Protección especial; Codorniz - Dactylortyx thoracicus – Protecció especial; Jilguero - Myadestes occidentales – Proteccion especial.

Aunado a lo anterior, es de destacar que dentro de las grutas existen cuerpos de agua subterráneos, así como superficiales en los alrededores, que nutren y dan vida al ecosistema.

LA NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA SERÁ PRESENTADA AL PLENO PARA SU APROBACIÓN

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El próximo miércoles 4 de mayo la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública será sometida para su aprobación al Pleno del Congreso del Estado, con ello, se cumplirá con el artículo 5to transitorio de la Ley General que da plazo de un año para la armonización de la normativa local; en ella destaca que no sólo se sancionara a servidores públicos, sino también a todas las personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o ejecuten actos de autoridad; así mismo, se hace un replanteamiento para endurecer las sanciones en caso de que se nieguen a entregar la información solicitada.

Lo anterior fue señalado por la legisladora, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Josefina Salazar Báez, quien dio a conocer que el dictamen ingreso está mañana para agendarlo en la sesión ordinaria del próximo miércoles 4 de mayo.

Recalcó que el dictamen contempla las opiniones de autoridades y ciudadanos que participaron en la consulta pública realizada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que integran además, las legisladoras, Lucila Nava Piña y Guillermina Morquecho Pazzi.

“A través de este ejercicio democrático se fortalece esta nueva Ley, en la cual, se tomaron en cuenta las opiniones de los Poderes Ejecutivo y Judicial y de los propios legisladores que quisieron aportar a esta tarea; así como la de los organismos garantes en materia de transparencia como es la CEGAIP y el INAI”; enfatizó.

Salazar Báez dijo que el dictamen aprobado se encuentra en lo general acorde con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General, incluso plantea prever aspectos normativos novedosos positivos adicionales a los de la Ley General, de manera esencial en materia de obligaciones de transparencia común como específica, aunado de que bajo la técnica legislativa empleada del reenvió a la Ley General en varios de los supuestos normativos que se plantean, permiten que la regulación resulte integral y congruente a la norma marco.

Indicó que el dictamen de ley que será sometido a consideración del pleno busca homogenizar la promoción, fomento y difusión de la cultura

de la transparencia en la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, y la rendición de cuentas en función a lo que señala la Ley General de Transparencia; esto, a través de políticas y herramientas que aseguren la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.

Define con precisión que el derecho de acceso a la información es, en efecto, el derecho humano que comprende solicitar, investigar, difundir y recabar información en posesión de los sujetos obligados contemplados en este nuevo ordenamiento, y que la misma no podrá restringirse a persona alguna; asimismo, fijan la obligación de documentar todos los actos que realicen con motivo de sus funciones.

Destacó que se definen los principios que regirán las iniciativas relativas a los antecedentes y definición de los principios que regirán el funcionamiento de la CEGAIP, siendo los de certeza; eficacia; imparcialidad; legalidad; máxima publicidad, objetividad; profesionalismo y transparencia, ya que contribuyen su fortalecimiento. En este sentido se hace necesario y se coincide en el desarrollo de los principios en materia de transparencia y acceso a la información pública que en el ejercicio, tramitación e interpretación de la ley deben atender todos los sujetos obligados.

Consideró que el dictamen, fue enriquecido por todos los sectores, por lo que confía en que los legisladores aprueben tan importante iniciativa que permitirá transparentar las funciones y el uso de los recursos público.

Directorio

Director General: Emilio Zavala Sosa